El Congreso debe asumir responsabilidades crecientes en este polémico campo. Luego de 11 años de democracia existe suficiente experiencia y convencimiento sobre el papel del Parlamento en la determinación del presupuesto y el control de la acción de gobierno. En tal sentido en la última Convención Constituyente se incluyó el Control Externo del Gobierno Nacional como una facultad del Poder Legislativo creando un órgano ad hoc, la Auditoría General de la Nación. Asimismo, prosperó un proyecto de Jesús Rodríguez obligando a la aprobación del Congreso no sólo del Presupuesto sino también del Plan Nacional de Inversión Pública y el Programa General de Gobierno.
En el caso de los gastos con carácter de secreto se torna imprescindible la instau-ración de procedimientos para que el Legislativo, y también el Ejecutivo, evalúen su eficiencia y eficacia. En este esfuerzo debe ser concurrente el aporte de los Organismos de Inteligencia, las Comisiones Parlamentarias pertinentes y la Escuela Nacional de Inteligencia.
Existe también en el Congreso conciencia de la responsabilidad en el manejo de las cuestiones que atañen a la seguridad y la defensa de la República. Muestra de ello han sido los tratamientos de los proyectos que dieron paso a dos leyes fundamentales, la de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior. Y también desde el seno de este poder constitucional han surgido diversos proyectos de diferente origen partidario relativos a la inteligencia, el control legislativo de los organismos y actividades de inteligencia y el secreto de Estado.
Entre corrientes políticas fundamentales con representación parlamentaria, según los temas de debate, ha existido predisposición y práctica de la consulta y del trabajo en conjunto en lo referente a Seguridad y Defensa, lo cual permite asumir que, en cuestiones fundamentales, existiría una actitud de convivencia política apta para permitir la sanción de un marco regulatorio adecuado sobre las actividades secretas necesarias para la defensa y la seguridad.
No hay por qué dudar que el cuerpo legislativo actuará con suma responsabilidad en el tratamiento de las asignaciones que anualmente corresponde destinar para finalidades vinculadas con la seguridad de la Nación y que son amparadas por la reserva según legislación vigente. Debe quedar superada la paradoja que el Congreso pueda tratar y sancionar legislación y asignaciones presupuestarias generales relativas a aspectos secretos de la actividad estatal y que, a su vez luego se vea no sólo limitado a ejercer sus facultades de control, sino también impedido su acceso al mero conocimiento de lo que oportunamente hubo de aprobar.
De hecho, por ejemplo, en diversos períodos legislativos ningún funcionario de la SIDE se hizo presente en la Comisión de Presupuesto de Diputados para exponer sobre el presupuesto de su jurisdicción.
No alcanza sólo con que las leyes reservadas o secretas relativas a los "gastos reservados" asuman un carácter público. Es necesaria la participación activa del Poder Legislativo.
Todo presupuesto supone un proceso de decisión, por lo tanto el interés alcanza no sólo a las cifras, sino además a los objetivos, políticas, y planes que fijan las mismas, así como a los mecanismos de coordinación para la consecución de un necesario equilibrio dinámico en un sistema tan complejo como es la Inteligencia.
Un activo control legislativo de los gastos reservados por función, actividad o programa, y no sólo por jurisdicción, sería un paso de alta significación para impulsar un verdadero control parlamentario sobre la inteligencia.
El nuevo esquema para la formulación y el manejo de los presupuestos anuales nacionales si bien ha tenido un resultado general positivo es necesaria su reconsideración en el tratamiento de los gastos reservados por parte tanto del PEN como del Legislativo. Ello involucra ampliar el nivel de conocimiento por parte del Congreso de las actividades de carácter secreto, reservar a la justicia el control de las acciones de carácter interno y el cambio de la metodología sobre la información pública de los gastos.
Como consecuencia del análisis legislativo de los gastos reservados, se estimulará una más racional, criteriosa y transparente utilización de ellos, se contribuirá sin duda alguna a lograr una mayor concentración de los mismos en aspectos sustanciales vinculados con la defensa, seguridad y el logro de información exterior crítica para la toma de decisiones públicas.
El desafío es definir por ley el papel que tendrá, y los mecanismos a través de los cuales el Congreso de la Nación actuará en cuanto al análisis de los denominados "gastos reservados" en conjugación con las atribuciones que le son inherentes en su calidad de uno de los poderes de la República.
La elección de una ley como instrumento para normar los aspectos bajo análisis se basa en la conveniencia de darle tal jerarquía a una norma relacionada con asuntos que son materia de otras leyes. Tal es el caso de las leyes de presupuesto nacional y de otras leyes, algunas de ellas que mantienen sin razón alguna el carácter secreto. Y también de brindarle la mayor seguridad jurídica posible a las responsabilidades que en esta materia le corresponde asumir en toda su plenitud al Poder Legislativo.
El cambio normativo involucra también el perfeccionamiento de los sistemas de información tanto presupuestarios como de las rendiciones de cuenta para que estos gastos críticos no queden escondidos en partidas de compleja apertura. En tal sentido el nomenclador utilizado en los sistemas de administración financiera debe incluir los gastos secretos dentro de una nueva Función "Información e Inteligencia" de la Finalidad "Defensa y Seguridad". Asimismo, en la clasificación por Objeto del Gasto debe crearse un nuevo inciso "Gastos Reservados" que incluya las erogaciones en cuestión.
Asimismo, hasta tanto se sancione una ley de inteligencia que genere el cambio necesario y pendiente, se debería encarar con urgencia el redimensionamiento, redistri-bución y reestructuración de las estructuras vigentes en el área, redefiniendo prioridades e invirtiendo los recursos con racionalidad y coherencia para lograr los objetivos de la función y evitar desvíos.